El término «whistleblowing» literalmente significa «soplar en el silbido» y se refiere a ese herramienta legal diseñada para garantizar una información oportuna sobre ciertos tipos de riesgos, como fraudes a daño de la organización o comitida por la organización, negligencias, comportamientos ilícitos, amenazas. Hacer que las autoridades judiciales conozcan de un delito cometido en una administración pública o en una empresa se define legalmente “wistleblowing”.
Con la ley nr. 179 de 2017 el legislador ha adoptado disposiciones para la protección de los autores de denuncias de delitos o irregularidades que han llegado a conocer en el contexto de una relación laboral pública o privada.
El objetivo de la ley es incentivar la actividad de señalización por parte de los trabajadores tratando de hacer que la prevención y represión de las malversaciónes en el lugar de trabajo sea más efectiva y eficaz.
Por lo tanto, el empleado que en interés de la integridad de la administración pública relaciona a la Autoridad Nacional Anticorrupción (o denuncia a las autoridades ordinarias o contables) conductas ilícitas que conoció sobre la base de su relación laboral no puede ser sancionado, degradado, despedido, transferido.
Además, la identidad de la persona que informa/denuncia no puede ser divulgada y la adopción de medidas consideradas represalia en su contra será comunicada en cualquier caso a la ANAC por el interesado al fin de proteger y garantizar sus derechos.
Si ANAC determina que han sido tomadas medidas discriminatorias contra el denunciante, aplicará al responsable una sanción pecuniaria administrativa entre los 5.000 y los 30.000 euros.
El dependente despedido por la denuncia será restablecido en el lugar de trabajo.
La ley también protege el empleado o colaborador que denuncia delitos en el sector privado.
También en este ámbito está en vigor la prohibición de actos de represalia o discriminatorios contra el sujeto que haya informado a la ANAC por razones relacionadas con el informe.
La adopción de medidas discriminatorias contra quienes hacen denuncias pueden, de hecho, ser denunciadas al Inspectorado Nacional del Trabajo.
Además, el despido del sujeto informante o cualquier otra medida discriminatoria o descalificante contra el mismo serán nulos.
Por último, cabe señalar que el sujeto informante incurrirá en responsabilidad penal por los delitos de calumnia o difamación en los casos en que el informe o la denuncia no sean verdaderos.
Si usted desea denunciar un hecho ilícito ocurrido en la administración pública o en la empresa privada donde trabaja se ponga en contacto con nuestro bufete de abogados para obtener asesoramiento completo, ofreceremos el soporte técnico necesario ante las autoridades judiciales competentes para garantizar sus derechos, asegurando siempre la máxima confidencialidad en la actividad de denuncia.