Nuestro cliente, un ciudadano extranjero presente en Italia desde hace varios años con toda su familia y titular de un permiso de residencia UE, fue detenido por los Carabinieri que le notificaron una orden de expulsión de Italia por razones de seguridad pública.
En apoyo de la existencia de razones de seguridad pública, de hecho, el Prefecto representó el hecho de que esta persona, varios años antes, había sido condenada penalmente en Italia por un delito muy grave, y por lo tanto se ordenó la expulsión a raíz de esta sentencia, concediendo a nuestro cliente el plazo de 15 días desde la notificación de la orden de expulsión del prefecto para salir definitivamente de Italia.
El hombre, absolutamente desesperado por la situación que se había presentado, acudió a nuestro bufete de abogados Abogado Inmigración H24 creyendo que sus derechos habían sido gravemente vulnerados, por lo que solicitó la asistencia de un abogado con competencia específica en el ámbito de la expulsión tras una condena penal, con el claro objetivo de oponerse a la medida de expulsión ordenada por el prefecto.
¿Cuál fue la estrategia defensiva que nos permitió obtener la anulación del decreto de expulsión de Italia por motivos de seguridad pública ordenado por el Prefecto?
Te lo explicaré en este artículo, pero primero procedamos en orden y comprendamos cuáles son las razones por las que se puede aplicar una medida de este tipo.
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¿Cuándo se puede ordenar la expulsión del ciudadano extranjero por razones de seguridad pública?
En primer lugar, debes saber que el art. 20, párrafo 3, del Decreto Legislativo 30/2007 regula la expulsión de Italia por razones de seguridad pública, estableciendo que esta expulsión puede ser ordenada por el Prefecto contra quienes hayan actuado de manera que constituyan una amenaza concreta, actual y suficientemente graves para los derechos fundamentales o la seguridad pública.
Por lo tanto, a los efectos de adoptar la medida de expulsión de Italia, se puede considerar:
«también cualquier condena pronunciada por un juez italiano o extranjero, por uno o más delitos no culposos, cometidos o en tentativa, contra la vida o la seguridad de la persona, o cualquier condena por uno o más delitos correspondientes a los delitos indicados en el artículo 8 de la ley del 22 de abril de 2005, n. 69, o cualquier caso de aplicación de la pena a petición, de conformidad con el artículo 444 del código de procedimiento penal, por los mismos delitos o pertenecientes a una de las categorías a que se refiere el artículo 1 de la ley n° 1423 y sus modificaciones posteriores, o referido en el artículo 1 de la ley n. 575, y sus modificaciones posteriores, así como medidas cautelares o órdenes de deportación ordenadas por autoridades extranjeras».
Obviamente, la expulsión de Italia después de una condena penal también puede ordenarse contra ciudadanos extranjeros que posean un permiso de residencia permanente, estableciendo el artículo 20, párrafo 6 del Decreto Legislativo 30/2007 que:
«Los titulares del derecho de residencia permanente a que se refiere el artículo 14 sólo podrán ser expulsados del territorio nacional por razones de seguridad del Estado, por razones de seguridad pública o por otras razones graves de orden público o seguridad pública.».
En caso de que se ordene la medida de expulsión de Italia por razones de seguridad pública, entonces, en casi todos los casos, el Prefecto también ordena la revocación de la tarjeta de residencia permanente otorgada al ciudadano extranjero.
Si eres titular de una tarjeta de residencia permanente y te la han revocado, te sugiero que leas este artículo en el que el Abogado expulsión de Italia tras condena penal te explica en detalle cómo apelar y qué hacer para recuperar tu tarjeta de estancia.
La orden de expulsión emitida contra nuestro cliente
Como te dije anteriormente, el prefecto había aplicado una orden de expulsión de Italia a nuestro cliente después de una condena penal por razones de seguridad pública, porque había sido condenado en Italia por un delito muy grave.
Sin embargo, a pesar de esta sentencia, nuestro cliente era una persona perfectamente integrada en Italia, lugar donde vivía con toda su familia, habiendo obtenido también un permiso de residencia, trabajando en Italia con un contrato de trabajo regular durante varios años.
La vulneración de sus derechos fundamentales, en caso de que efectivamente se hubiera ordenado la expulsión de Italia por motivos de seguridad pública, era absolutamente evidente ya que habría perdido la posibilidad de seguir viviendo en Italia con su familia, corriendo también el riesgo real de perder su trabajo, y además se habría visto obligado a regresar a su país de origen, con el que ya había perdido todo contacto desde hacía varios años, con la consiguiente prohibición de regresar a Italia durante los próximos 5 años.
Básicamente, debido a un crimen cometido varios años antes, ¡el hombre realmente se arriesgó a perderlo todo!
Esta es la disposición aplicada por el prefecto con la que se ordenó la expulsión tras la condena penal en Italia.
Creyendo que se había cometido una grave vulneración de sus derechos fundamentales, el hombre se puso en contacto con nuestro bufete de abogados de extranjería para interponer un recurso contra la orden de expulsión de Italia tras una condena penal que le impuso el prefecto.
El caso fue seguido por los abogados Ismaele Brancaccio y Anna Chiara Malafronte del bufete de abogados Abogado Inmigracion H24; si quieres saber quiénes son nuestros profesionales y sus habilidades específicas, te invito a leer aquí.
En los motivos del recurso, la defensa solicitaba expresamente al juez la anulación de la orden de expulsión tras la condena penal, por tratarse de una persona perfectamente integrada en el territorio nacional, demostrando así precisamente cómo la presencia en Italia de nuestro cliente no constituía un peligro a la seguridad pública.
¿Por qué motivo se solicitó la anulación de la orden de expulsión de Italia?
La orden de expulsión de Italia tras una condena penal, en el caso de nuestro cliente, se había pronunciado en ausencia total de los requisitos legales, de hecho no existe un mecanismo automático entre la condena en un juicio penal y la expulsión del ciudadano extranjero de Italia.
Los profesionales de nuestro bufete de abogados lo sabían bien y por eso, una vez recibido el poder defensivo del ciudadano extranjero, se pusieron inmediatamente al trabajo, estudiando cada detalle de su caso.
En efecto, el prefecto, al ordenar la expulsión de nuestro cliente de Italia, no había tenido en cuenta en modo alguno el hecho de que, desde hacía varios años, esta persona residía regularmente en Italia con toda su familia y que estaba perfectamente integrada en el Territorio italiano, teniendo además un trabajo con contrato fijo.
De hecho, en caso de expulsión a raíz de una condena penal, el ciudadano extranjero no habría sabido qué hacer, al no tener contacto con su país de origen, ya que toda su familia se encuentra en Italia.
Debes saber sobre este punto que tanto el Tribunal de Casación como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea están absolutamente de acuerdo en sostener que, al adoptar la orden de expulsión, la autoridad administrativa debe tener en cuenta otros intereses de trascendencia constitucional o internacional como el principio de proporcionalidad y el derecho al respeto de la vida familiar de la persona, teniendo en cuenta
‘la duración de la estancia en Italia del interesado, su edad, su situación familiar y económica, su estado de salud, su integración social y cultural en el territorio nacional y la importancia de sus vínculos con el país de origen’.
En particular, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que:
«Las autoridades competentes de un Estado miembro no pueden denegar a un nacional de un tercer país el estatuto de residente de larga duración por razones de orden público (artículo 6, apartado 1, dir. 2003/109) por el solo hecho de que haya estado sujeto a una condena penal, sin un examen específico de su situación con respecto, en particular, a la naturaleza del delito que cometió, el peligro que puede representar para el orden público o la seguridad pública, la duración de su estancia en el territorio de ese Estado miembro y la existencia de vínculos con ese Estado» – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 3 de septiembre de 2020, asuntos acumulados C-503/19 y C-592/19, Subdelegación del Gobierno en Barcelona (Residentes de larga duración).
En este caso, por tanto, debía tenerse en cuenta el hecho de que el Prefecto había dictado una orden de expulsión a raíz de una condena penal sin tener en cuenta la situación general de vida del extranjero en Italia, es decir, el hecho de que siempre había vivido legalmente en Italia, que toda su familia residía aquí, que tenía un contrato de trabajo regular en Italia y que, en particular, había perdido completamente el contacto con su país de origen.
La expulsión de Italia, en este caso, sin duda habría sido una medida demasiado grave y de ninguna manera proporcionada a la condena penal que se le impuso.
¿Qué prevé la ley en estos casos?
Como decía, para ordenar la expulsión de un ciudadano extranjero por razones de seguridad pública, el ciudadano extranjero debe ser considerado un peligro para la seguridad pública, ya que este peligro no puede deducirse del simple hecho de que, en relación con el mismo hecho, se dictó una sentencia penal.
También debe considerarse que además del peligro social, en el caso de un residente de larga duración, también deben evaluarse otros parámetros, en particular los exigidos por el art. 9 párrafo 11 del Decreto Legislativo 286/98, norma esta en relación a la cual se prevé que:
«A los efectos de adoptar la medida de expulsión a que se refiere el apartado 10, se deberá valorar: la edad del interesado, el tiempo de permanencia en el territorio nacional, las consecuencias de la expulsión para el interesado y su familia, la existencia de lazos familiares y sociales en el territorio nacional y la ausencia de tales lazos con el país de origen».
La defensa de nuestro cliente, por tanto, en el proceso seguido ante el Tribunal de Brescia, se centró precisamente en que:
- El Prefecto no había tenido en cuenta la duración de la estancia del ciudadano extranjero en Italia y su arraigo en el territorio nacional;
- El Prefecto no había tenido en cuenta el grado de integración social y profesional en Italia del ciudadano extranjero;
- Tampoco se tuvo en cuenta que todo el núcleo familiar de nuestro cliente vivía en Italia y que ya no tenía ningún vínculo con su país de origen.
Al mismo tiempo, la medida ordenada por el prefecto ha violado manifiestamente el principio de proporcionalidad, principio para el que siempre debe buscarse un equilibrio entre la intensidad del daño que puede derivarse de la estancia de la persona en el Estado miembro de acogida y el nivel de integración de la misma persona en el estado (vínculos familiares, vínculos sociales) – Tribunal de Justicia Sentencia 29 de abril de 2004, Orfanopulos y Olivieri, C-481/01 y C-493/01.
Los motivos del recurso, por tanto, ponían de relieve el gravísimo riesgo al que habría estado expuesto el ciudadano extranjero si la expulsión se hubiera dictado con posterioridad a la condena penal, riesgo que habría supuesto una vulneración real de los derechos fundamentales de la persona.
La sentencia del Tribunal de Brescia que acepta nuestro recurso
El juez de la corte de Brescia, después de un análisis cuidadoso del caso, aceptó todas las razones de nuestra apelación.
En el razonamiento, de hecho, el juez señaló precisamente el hecho de que una condena penal no puede determinar automáticamente una orden de expulsión de Italia:
Además, aceptando la línea defensiva sostenida por nuestros abogados, el mismo juez expresó cómo la expulsión del territorio italiano habría sido una grave violación de los derechos fundamentales del ciudadano extranjero.
A la luz de estos motivos, el juez ordenó entonces la anulación de la orden de expulsión de Italia por razones de seguridad pública emitida por el prefecto, permitiendo que nuestro cliente continuará viviendo legalmente en Italia.
En este caso, la considerable atención prestada por los abogados de nuestro equipo de Abogados Inmigracion en Italia H24 ha permitido que el ciudadano extranjero no se vea obligado a salir de Italia y pueda seguir viviendo libremente con toda su familia en Italia.
Por extraño que parezca, muy a menudo las prefecturas adoptan con especial ligereza las medidas de expulsión tras una condena penal, lo que lleva inevitablemente a creer que, por el solo hecho de haber sufrido una condena penal, se puede ordenar la expulsión de Italia por razones de seguridad pública.
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